Para Telefónica, los teléfonos públicos informales son aquellos en los que una persona adquiere una o varias líneas residenciales, destinadas en principio para su uso privado y, sin embargo, les da un uso distinto, al conectar a un equipo terminal monedero o a tarificadores, brindando de esta forma un servicio de telefonía pública.

Telefónica sostiene que estos teléfonos cobran sobre la base de la tarifa residencial, la cual es menor que la tarifa de telefonía pública aprobada por el regulador.

En este sentido, Telefónica manifiesta que no es posible que las empresas formales puedan competir, afectándose de esta forma la continuidad de estos servicios y su futura expansión hacia aquellas zonas que todavía no cuentan con telefonía pública.

Según Telefónica, estos nuevos competidores ocasionan un grave daño fiscal, pues se trata de una actividad informal que deja de pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto a la Renta (IR) y los aportes al Fondo de Inversión en las Telecomunicaciones (Fitel), utilizado para la expansión de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales.