Dirigentes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Teléfonos Monederos del Perú, CONUSTEL, acompañados del congresista Yonhy Lescano, presentaron una denuncia pública en contra de Telefónica del Perú a la que acusan de llevar a cabo una campaña sistemática de amedrentamiento en contra de más de 20 mil propietarios de esos aparatos telefónicos con la finalidad de obligarlos a contratar con la transnacional española.

En conferencia de prensa señalaron que esta campaña va desde llamadas telefónicas amenazantes hasta advertencia de juicios, embargos e incautaciones de equipos. Esta situación se habría agravado desde el 22 de setiembre, cuando Telefónica inició el envío de cartas otorgándoles ‘48 horas de plazo’ para firmar un contrato con ellos, de lo contrario iniciarían el corte del servicio telefónico aún cuando los abonados se encontraban al día en sus pagos.

Señalaron que incluso la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Defensorial Nro. 70, donde se concluye que “cualquier limitación que origine la empresa operadora telefónica a las personas que utilizan los teléfonos monederos vulneraría derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna”.

Sin embargo, llegando al extremo del abuso, Telefónica del Perú inició en todo el país el corte del servicio telefónico a las personas que cuentan con los referidos teléfonos monederos, distintos a los que son de propiedad de la misma empresa española.

Lo peor del caso es que Telefónica no tuvo consideración siquiera con los afectados por el Terremoto en Pisco e Ica, a quienes les cortó la línea por operar con teléfonos monedero sin tener en cuenta la necesidad de comunicarse que existía en esas zonas. Un caso patético es el de Ceferino Navarro Gutiérrez a quien le cortaron el servicio apenas a tres días del sismo ocurrido el 15 de agosto, indicaron.

En ese sentido, informaron que los afectados realizarán una Movilización Nacional para el próximo 25 de octubre a fin de hacer sentir su protesta contra estos abusos que comete Telefónica.

Mostrando indignados las constataciones policiales de estos cortes de línea, a pesar que no adeudan por el servicio telefónico, los afectados dijeron que el Organismo Regulador de la Inversión en Telecomunicaciones –OSIPTEL- tiene conocimiento de esta situación, pero sus quejas no obtienen respuesta. La situación es peor en Telefónica; ni siquiera reciben nuestros reclamos, apuntaron.

De otro lado, comentaron que funcionarios del organismo regulador les adelantaron que no pueden hacer nada ‘porque es una decisión que viene de arriba’.

A su tiempo, el congresista Lescano manifestó que los propietarios de los teléfonos monedero son en su mayoría pequeños comerciantes, que en el ejercicio de la libre iniciativa privada adquirieron esos equipos. Esta actividad que se realiza desde hace décadas, a tenido muy buena recepción a nivel nacional tanto así que cada vez, con el avance de la tecnología, se utilizan teléfonos mas sofisticados para ponerlos en bodegas, boticas, mercadillos, etc.

Agregó que ceder a las personas el acceso al teléfono no está restringido ni limitado en ningún dispositivo contractual, ni en ningún otro articulo del contrato de concesión entre el Estado peruano y Telefónica del Perú. Si no mas bien, la misma Ley de Telecomunicaciones establece en su articulo 16º que se puede conectar al block de conexión cualquier aparato telefónico; precisamente, en virtud de esa ley, es que ellos conectan un teléfono monedero, así como también podría ser un fax, explicó.

Sin embargo, de manera arbitraria y prepotente la empresa ha procedido a modificar los contratos de aquellos usuarios que no han aceptado suscribir un nuevo documento, en donde se establece que los abonados tendrán que pagar 229 dólares, al que se suma 300 dólares más de garantía, por la adquisición de un nuevo aparato telefónico que finalmente, no les pertenece y la empresa lo puede retirar cuando le de la gana. Y a todo esto en donde que da la pregonada ‘Estabilidad Jurídica’, se preguntó.

En otro momento, Lescano dijo no tener esperanzas en lo que pueda manifestar OSIPTEL sobre este caso ya que el organismo regulador solo se pronuncia cuando ocurren terremotos o inundaciones.

También se quejó de que los proyectos referidos al servicio telefónico se encuentren hace varios meses en la agenda del Parlamento y no sean debatidos por la representación nacional.

La campaña ‘Ver para Creer’, que inauguró el titular del Legislativo en la fecha, debería servir para que algunos parlamentarios se despojen la venda de los ojos y observen que el Presidente de la República aún no cumple con su pregonada promesa electoral de ‘Tarifas Justas’ en los servicios públicos, ironizó.